Denuncian al alcalde por su permisividad con los okupas de la Macarena

El centro social ocupado y autogestionado Casas Viejas./MILLÁN HERCE

La asociación de vecinos y comerciantes Pumarejo-San Luis de Sevilla ha registrado un escrito en la Fiscalía de Sevilla en el que formula una denuncia contra el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín -en calidad de presidente del Consejo de Gobierno de la Gerencia municipal de Urbanismo-, junto con el gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, y los concejales Emilio Carrillo, Paula Garvín, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y Manuel Gómez Lobo, por la «ocupación» de varios inmuebles en la zona y la situación que de ello se deriva.
La denuncia, presentada por el presidente de la asociación, Angel López Hueso, también se dirige contra los okupas «que habitan de forma ilegal» en el número 23 de Aniceto Sáenz, el 12 de Antonia Sáenz y el 40 y 42 de la calle Macarena, así como contra «todas aquellas personas que sean responsables de los hechos denunciados».
El escrito, en este sentido, recuerda que los inmuebles detallados se encuentran ocupados desde verano de 2002, inmediatamente después de que los inquilinos anteriores los desalojaran. Tras ser desalojados por la Policía Local, ello «no impidió que los ocupantes se introdujeran ilegalmente en el número 12 de Antonia Sáenz», llegando, según la declaración de López Hueso, a forzar la cerradura y desmontar los puntales de edificios colindantes.
La propiedad, continúa la denuncia, ha puesto en conocimiento de Urbanismo «en reiteradas ocasiones» la «peligrosa» situación de estos edificios. No obstante, el Ayuntamiento «las ha desoído», por lo que la propiedad «se ve impedida» de hacer obras de conservación en los edificios y de llevar a efecto las licencias de demolición y construcción de obra nueva.
También hace hincapié el portavoz vecinal en las actividades «molestas» como conciertos y espectáculos «ruidosos» que los okupas llevan a cabo en estas viviendas, «sin las preceptivas licencias municipales y sin las debidas medidas de seguridad e higiene».
«Lo cierto es que la Gerencia, conocedora de lo ilegal de la ocupación de los inmuebles en cuestión, se aviene a tratar directamente con los okupas sobre los inmuebles, obviando la legalidad y negociando la realización de ciertas obras que nada tienen que ver con las decretadas inicialmente y sobre las que versaron los informes y la documentación que llevaron al juez que autorizó el desalojo al convencimiento de que ello era necesario», reza el texto de la denuncia.
Los okupas, según declaró a este diario Ángel María López Hueso, toman el agua y la electricidad «prestadas» de las viviendas cercanas a la casa ocupada. De esta manera, en la demanda se incluyen algunas facturas de la empresa pública Emasesa correspondientes a la finca Aniceto Sáez 25 -la colindante- cuyo importe asciende a cerca de 5.000 euros.

(extraído de ABC)